V. Silván / El Día de León
Fotos: César Sánchez

Este martes se cumplen diez años de la aprobación de la ley de la memoria histórica, un importante avance en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que al final se ha quedado de nuevo a medio camino por falta de una voluntad política real. Otra oportunidad perdida para, como recoge la propia ley, «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura».

Uno de los aspectos «más reparadores» que demandaban entonces, y siguen demandando los afectados, era la búsqueda de sus familiares desaparecidos y las exhumaciones. Y aquí está uno de los incumplimientos más sangrantes. La ley establecía que las administraciones públicas las «facilitarán» a los descendientes directos y que el Gobierno « elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo».

Desde hace cinco años, la mitad de su tiempo en vigor, no se ha destinado un euro a exhumaciones, siendo su coste asumido por familiares y diferentes asociaciones de memoria histórica. Precisamente, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, recuerda que ya existían subvenciones para exhumaciones con anterioridad a la ley –las primeras fueron convocadas el 28 de enero de 2006–, prácticamente dos años antes.

Así, desde el 2012, coincidiendo también con el cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que abrió el PSOE, no ha habido más convocatorias de estas ayudas y desde el año siguiente, 2013, la ley no ha dispuesto de ningún tipo de fondos para su aplicación, por lo que quedó derogada de facto por el Gobierno del PP.

A este respecto, Silva matiza que, «si hubiera habido una memoria económica incluida en la ley, el PP hubiera tenido que derogar la ley para no destinar ese dinero». «Pero como no estaba dentro, no le ha hecho falta derogar ningún artículo para no hacer nada, que es lo que ha hecho desde que llegó al Gobierno», apostilla.

Y es que para el presidente de la ARMH no es necesaria una ley para llevar a cabo la localización y exhumación de las víctimas, solo se necesita voluntad para poner en marcha medidas políticas. «Hacer la exhumaciones se puede hacer con ley o sin ley», insiste Silva, que destaca los avances realizados en algunas comunidades autónomas «que están haciendo cosas y están siendo más comprometidas de lo que fue la ley de memoria histórica».

Fosas abiertas

Desde la aprobación de la ley, en el Bierzo se han abierto 16 fosas y se han recuperado los cuerpos de 46 represaliados, aunque con anterioridad ya se habían exhumado 13 fosas con 36 víctimas, según los datos de la ARMH y el proyecto ‘Políticas de la Memoria’ del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En total, desde el 2000 –año que marca un hito con ‘los 13 de Priaranza del Bierzo’, la primera exhumación con métodos científicos en España- se han rescatado la memoria de 82 personas en 30 fosas localizadas en la comarca. Esos dos años siguientes, 2008 y 2009, fueron los de mayor actividad de la ARMH con la localización de once enterramientos.

Así se pudieron recuperar los cuerpos de cuatro hombres que estaban debajo de los escombros de la N-536 en Carucedo; descubrir la historia de Jerónima Blanco, embarazada, y de su hijo de 3 años bajo el suelo de un cobertizo en Flores del Sil; las diez identidades tras los restos hallados en ‘la curva’ de Magaz, donde en otro punto se encontraron también los restos de otro hombre; las tres víctimas de Tejedo del Sil; la localización de otra fosa al lado de la antigua N-VI en Camponaraya, con otros tres represaliados; los cinco paseados de Santalla; los tres vecinos de Puente de Domingo Flórez asesinados en Toral de Merayo; y el rescate de la memoria de Felicita Pérez Guerra, una joven de 16 años, enterrada en la cuneta de la antigua carretera C-631 en Fresnedo, junto a otros dos represaliados. En esos dos años se hicieron más intervenciones que en los ocho años siguientes, con la exhumación de solo cinco fosas, aunque la ARMH ha realizado numerosas prospecciones.

Por otro lado, en esta década se han realizado más de 300 exhumaciones en toda España, 33 de ellas en la provincia de León, que han permitido que más de un centenar de familias conozcan el paradero de sus seres queridos.

Debilidades

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, el primer problema de la ley de memoria histórica es que nació ya con muchas debilidades, la primera por el hecho de que el Gobierno planteara su ayuda a la localización e identificación de las víctimas como una «colaboración» con las familias. «Recoge algo tan poco comprometido como que lo facilitará, pero los derechos humanos no se facilitan, se garantizan. Cuando se aprobó la ley no podíamos entender que el tema de las fosas no fuera asumido con responsabilidad por parte del Estado y demuestra muy bien de que no había voluntad política de solucionar las cosas», lamenta Silva, que cree que  esa lucha ha quedado de nuevo en manos de la sociedad civil, como la exigencia de la retirada de los símbolos y vestigios franquistas.

Emilio Silva

Presidente ARMH

 

«Todos los problemas que enuncia la ley siguen estando abiertos y tienen que ver con la voluntad política»

«Para avanzar solo se necesitan verdad, justicia y reparación, que es lo que piden todos los organismos internacionales para estas víctimas»

«El Gobierno central tiene herramientas, judiciales y policiales, para garantizar el cumplimiento de las leyes que dicta, pero en ningún momento las ha utilizado. Es incomprensible que el cumplimiento de una ley tenga que garantizarlo en una democracia la sociedad civil», reprocha, mientras recuerda que a escasos metros de la residencia presidencial, La Moncloa, se mantiene el Arco de la Victoria, que conmemora el triunfo de los sublevados.

Lo mismo ocurre con el ‘mapa de fosas’, incompleto y muy limitado, que se ha quedado en un «pegote». La ARMH, como otras asociaciones y algunas comunidades autónomas, se han negado a colaborar mientras el Gobierno no cumpla con su compromiso de buscar a los desaparecidos. «Las localizaciones deben ser un medio para buscar a los desaparecidos e identificarlos y el Gobierno nunca ha hecho su mapa de fosas», puntualiza.

Diez años después tampoco se cumple la ley respecto al Valle de los Caídos, recalca Silva, «y siguen obligándonos a las familias de los desaparecidos y presos a pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador». Solo contempla la declaración de ilegitimidad de esas condenas por motivos políticos e ideológicos y no se atrevió a su anulación ni a meterse en terrenos más conflictivos como el de los «verdugos» y quienes colaboraron con ellos o se beneficiaron directamente de la represión –empresas del Ibex 35 que utilizaron «trabajo esclavo» de los presos o quienes se apropiaron de los bienes de los represaliados–.

Sí fue positivo el debate político que abrió y que permitió que por primera vez entrara en el parlamento el tema de las víctimas de la dictadura. Hasta entonces solo se había abordado en ese marco lo relativo a las pensiones y las indemnizaciones a favor de quienes fueron presos, ahora mejorados y ampliados en una ley de memoria histórica que incluye también un artículo de «reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977». «Es incomprensible el plazo, porque el daño que se le causa a una familia por el asesinato de alguien por unas ideas políticas es el mismo», puntualiza Silva, para quien es igual el caso de Salvador Puig Antich en 1974, que el de Julián Grimau en 1963 o el de su abuelo en 1936.

Por otro lado, también se facilitó la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados españoles, quienes la perdieron en su salida del país a consecuencia de la Guerra Civil o la dictadura. Según la información facilitada a El Día de León por el Ministerio de Justicia, en los Registros Civiles Consulares se han concedido hasta este año 337.642 nacionalidades en virtud de la ley de memoria histórica.

Otro aspecto que llama la atención en la ley es su continua referencia a la «memoria personal y familiar», como si las muertes violentas durante la Guerra Civil y la dictadura se quedaran en esa pequeña esfera, sin reconocer la importante vertiente social que tiene. Es una cuestión que afectó a toda la sociedad. «Lo que está diciendo ese texto es que esos problemas son asuntos personales y no públicos. Nadie diría a una víctima del terrorismo o de la violencia de género que es un problema personal.

Esos crímenes son un asunto público que ocupan y tienen que ocupar a la sociedad», valora Silva, para quien es inaceptable que esas ‘declaraciones de reparación y reconocimiento personal’ se queden también en el ámbito privado «con una carta que llega a tu correo para decirte lo que tú ya sabes, que tu familiar fue una víctima». En su opinión, es necesario que ese reconocimiento y esa reparación sean públicas y «en 40 años de democracia ningún presidente en el ejercicio de sus funciones ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura».

Desde la aprobación de la ley se han emitido 2.446 declaraciones de este tipo, que oficializan el reconocimiento moral de las víctimas proclamando expresamente el carácter injusto de las condenas y de los agravios padecidos. De estas, 1.302 fueron con el PSOE y 1.144 desde 2012 con el PP, de las cuales el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha firmado 824, 497 en este 2017.

Queda mucho camino por recorrer. «Y ese avance en memoria histórica solo necesita de tres cosas: verdad, justicia y reparación», añade Silva.